El nacimiento de los tribunales constitucionales en América Latina
A partir de la segunda mitad del Siglo XX, comenzó la creación de los tribunales y salas constitucionales en América Latina, bajo influencia del modelo europeo.
Guatemala fue el primer Estado que introdujo en su ordenamiento interno un Tribunal Constitucional, mediante la Constitución de 1965 con el nombre de Corte de Constitucionalidad. Entre sus características resalta que no era un órgano permanente, es decir, sólo se reunía cuando existía alguna causa que resolver. Estuvo integrado por magistrados de diversas instancias y con competencia limitada.
El segundo Estado fue Chile, al crear el Tribunal Constitucional en 1971, como consecuencia de una reforma integral a su Constitución de 1925, con un marcado sistema francés de control preventivo. Su existencia fue muy corta, pues cesaron las intensas actividades en 1973, como consecuencia del golpe de Estado de Pinochet, quien instauró una dictadura por muchos años.
Perú, introdujo tomando la experiencia española del Tribunal de Garantías Constitucionales, con atribuciones de control abstracto y en violaciones directas a las entonces llamadas “garantías individuales”. Destacó su sistema de competencias tasadas e independientes en su administración y funcionamiento.
Por su parte, Colombia fue un caso notable de evolución jurídico-constitucional, pues fusionó las reglas de control del Siglo XIX, como base toral, con los avances científicos del siglo XX, como innovación procesal.
Ecuador, estableció en 1945 el Tribunal de Garantías Constitucionales, con funciones consultivas, y dependiente del Poder Legislativo, vedando la capacidad de ejercer un verdadero control de constitucionalidad. Desapareció en 1946, y retomó su curso en 1967, para finalmente ser retirado del sistema ecuatoriano mediante su Constitución de 1978, que años más tarde sufriera reformas integrales en 1992. Su nomen iuris, fue retomado de la tradición española, aunque, jamás ejerció competencias específicas ni vinculantes.
Por último, Bolivia mediante un proceso de reforma constitucional, creó el Tribunal Constitucional en 1967, como parte del Poder Judicial y con autonomía plena a partir de 1994.